DESPIDO (II): EL DESPIDO DISCIPLINARIO

DESPIDO (II): EL DESPIDO DISCIPLINARIO

Fragueiro Lago Lia No Comments

Al ser el despido la sanción más grave que el empleador pueda imponer al trabajador se exige por el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores que el incumplimiento en el que se base este despido sea grave y culpable, y siempre debe enmarcarse en virtud de la relación contractual existente entre trabajador y empleador.

Las causas legalmente tasadas para proceder al despido disciplinario son (art. 54.2 ET):

  • a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.                                                                                                          Ya sea al centro de trabajo o a cualquier actividad de carácter obligatorio en virtud de la relación laboral, como por ejemplo cursos de formación; las faltas de asistencia o de puntualidad que no tengan justificación y que se produzcan de forma reiterada podrán conllevar la imposición de un despido disciplinario. Las únicas faltas justificadas al trabajo son aquéllas que coincidan con los tiempos de descanso legalmente establecidos, el ejercicio de derechos reconocidos o debido a acontecimientos imprevistos o ajenos a la voluntad del trabajador.
  • b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.                                   En cuanto a este motivo debe entenderse como un incumplimiento de los deberes que tiene que tiene el trabajador como son la obediencia, la colaboración y la diligencia. Para que sea causa suficiente para proceder al despido la resistencia a realizar las tareas encomendadas debe ser manifiestamente intencionada, persistente y reiterada. Debe tenerse en cuenta que existe un cierto criterio restrictivo a la vista de las específicas circunstancias que concurran en el supuesto como la gravedad y el daño que se haya producido a la empresa.
  • c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.                                                                                                                Las ofensas que se emitan deben conllevar un grado de consciencia, culpabilidad e intencionalidad por parte de trabajador que hace inevitable acudir a la doctrina gradualista. La doctrina gradualista pone especial énfasis en este momento puesto que según la gravedad de las ofensas pueden ser suficientes para que se produzca el despido, sin necesidad de reiteración. Y ello, teniendo en cuenta la multiplicidad de sujetos pasivos que abarca el tipo tanto empresa como empresario, como cualquier compañero de trabajo, familiares de los mismos e incluso, en ocasiones, a los propios clientes; conlleva la obligatoria ponderación del animus iniuriandi con la libertad de expresión.
  • d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.                                          Sin duda este precepto viene a ser el cajón de sastre del despido disciplinario al no tener unos contornos perfilados que permitan constreñir las acciones que el mismo puede englobar. Si bien podemos entender que el fraude a la empresa o la competencia desleal a la misma se encontrarían amparadas por este precepto, debe estudiarse minuciosamente si realmente el comportamiento que el trabajador haya tenido ha sido suficientemente culpable y encaja en estos tan amplios perfiles.
  • e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.                                                                         Debe ser una conducta derivada de una voluntad consciente y permanente en el tiempo. Una voluntad que se liga a la existencia de una culpabilidad en grado de dolo, culpa o negligencia, y una disminución que debe producirse en relación al rendimiento pactado.
  • f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.                                                                     La primera característica fundamental de este requisito es la repercusión negativa en el trabajo, si no es así el consumo de alcohol o drogas que entrañe incumplimiento de obligaciones o normas de la empresa podrá conllevar un despido objetivo. En el caso del alcoholismo se exige un enraizamiento de la costumbre, una habitualidad que no se exigirá en ciertos supuestos, como para los conductores. En el caso de la toxicomanía ya es intrínseca a la definición del término la habitualidad, la cual implica hábitos patológicos.
  • g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.                                                                           Una tipificación que obliga a la empresa a ejercer un control de vigilancia y sanción para evitar que estas circunstancias se produzcan en el ambiente de trabajo. El acoso de este tipo se circunscribe a aquél que pueda ser considerado discriminatorio, al acoso sexual y al acoso por razón de sexo; redirigiendo las ofensas que no encajen en el presente tipo al apartado c). La conducta de acosar consiste en llevar a cabo un comportamiento, ya sea de obra o de palabra, que produzca la creación de un entorno hostil, intimidatorio, humillante, degradante u ofensivo para la víctima. ¿Quieres más información? No lo dudes, CONTACTA.

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DESPIDO (I): GENERALIDADES

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El despido es el acto mediante el cual el empresario decide poner fin a la relación contractual existente con el trabajador.

Según dispone el artículo 55 del Estatuto de los trabajadores, el despido deberá notificarse al trabajador por escrito y hacer constar tanto los hechos que lo motivan, como la fecha en la que tendrá efectos. Se podrán exigir más exigencias por la vía del Convenio Colectivo, por lo cual en el momento de la entrega de la carta deberemos corroborar que se cumplen todas las exigencias que correspondan.

Al regir el principio de causalidad, sólo se puede despedir al trabajador cuando concurra una causa justificada que, como tal, esté prevista y tipificada por el legislador. No obstante, hay excepciones a esta regla, y se da tanto en el periodo de prueba como en aquéllas relaciones laborales de carácter especial. Atendiendo a estas posibles causas se puede hacer una clasificación según sea: despido disciplinario; despido objetivo, que puede ser por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas; o despido por fuerza mayor.

Otra forma de clasificación de los despidos es la calificación judicial, en la que podemos diferenciar la categoría de procedente, nulo e improcedente.

Debemos tener en consideración que el plazo fijado en el artículo 59, apartado 3, del Estatuto de los trabajadores es de tan sólo 20 días. Por lo que, si tienes preguntas, no lo dudes, CONTACTA LO ANTES POSIBLE.

Novedades respecto de los alquileres de vivienda

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Con el Real Decreto 7/2019 se han implantado nuevas modificaciones en el régimen de alquiler de la vivienda que entraron en vigor el pasado día 6 de marzo. Recogemos lo que consideramos como novedades más importantes si afán de hacer un estudio pormenorizado de la nueva situación ya que no olvidamos que este es el tercer cambio en los últimos tres meses.

Respecto a la subida de la renta: se establece como límite al incremento de la renta pactada la subida del IPC. Hasta ahora esta subida se regía por la libertad de pacto existente entre las partes.

Respecto a la fianza: se establece como limitación a la misma el pago de un máximo de dos mensualidades.

Respecto a la duración del contrato: si bien la duración del mismo es la libremente estipulada por las partes, se fijan las prórrogas tácitas hasta un mínimo de cinco años, que se amplían a siete para aquéllos casos en los que el arrendador sea una persona jurídica.

Bonificaciones fiscales: se elimina la obligación de que el inquilino pague el IBI en la vivienda pública, y ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de dar una bonificación de hasta el 95% de la cuota para las viviendas de renta reducida. Además, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.

Índice de referencia de precios: se trata de un compromiso que ha adquirido el Gobierno de preparar una herramienta específica para el sector con la finalidad de obtener un mayor conocimiento del mercado y servir de soporte de posibles medidas de política fiscal.

Desahucio: se fijan dos modificaciones del procedimiento a seguir. La primera es la obligación del juez de fijar día y hora exactos para el lanzamiento, y la segunda, la introducción de un trámite de comunicación a los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, esta situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona jurídica.

Pisos turísticos: se permitirá a las Comunidades de Propietarios limitar por  mayoría cualificada el ejercicio de la actividad de los mismos, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

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AMPLIACIÓN PERMISO DE PATERNIDAD

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Hoy comentamos una noticia de gran calado social, si bien hace unos días que la conocimos, no podemos dejar de festejar la misma; ya que supone un avance de cara a la igualdad y es que se ha aprobado un decreto por el que se pone en marcha un auténtico proceso para equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad.

Gracias a dicho Decreto, el permiso de paternidad aumentará hasta las 8 semanas, 3 más de las actuales; además, de forma progresiva, estas semanas irán en aumento, en 2020 serán 12 y en 2021 serán 16. Como podemos observar, una equiparación total respecto al tiempo de disfrute de la madre, con el objetivo de evitar la discriminación evidente actualmente existente. Si bien se preveía que hoy, con motivo del día de la mujer entrase en vigor el Gobierno ha demorado la entrada en vigor, únicamente de este extremo, hasta el 1 de abril, para permitir la adaptación a las empresas y a la Seguridad Social.

Con esta implementación vendrán más cambios, para los padres serán obligatorias las dos semanas posteriores al parto, para favorecer la corresponsabilidad; se convertirán en cuatro en 2020 y en seis en 2021. Las 10 semanas restantes podrán ser distribuidas hasta que el recién nacido cumpla el primer año y en ningún caso podrán cederse.

A mayores, en este mismo Decreto, se prevé la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de elaborar e implantar en un plazo de tres años planes de igualdad, hasta ahora sólo era obligatorio para aquéllas empresas con más de 250 trabajadores.

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Tributario

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  • Presentación de las declaraciones ordinarias de las empresas y autónomos (130, 303, 390…)
  • Presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Presentación del Impuesto de Sucesiones.
  • Presentación del Impuesto por el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).

Derecho de familia

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  • Separaciones y divorcios.
  • Modificaciones de medidas.
  • Incapacitaciones.
  • Impugnaciones y determinaciones de la filiación.

LA INCAPACITACIÓN

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La incapacitación de una persona conlleva privar al mayor de edad de la capacidad que, por regla general, otorga el artículo 322 del C.C. Por ello, esta incapacitación tiene como requisito sine qua non la existencia de una resolución judicial al respecto, concretamente por imperativo del artículo 199 del Código Civil.

Las causas que pueden conllevar la declaración de incapacitación se encuentran en el artículo del Código civil, que reza <Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma>. Con la lectura del mismo podemos diferenciar dos elementos; el primero, la existencia de una enfermedad o deficiencia, ya sea física o psíquica, con carácter persistente. Y el segundo, que impidan el autogobierno debido a la enfermedad.

Si bien los capaces son los mayores de edad, se puede recurrir a este procedimiento cuando en un menor concurren las causas de incapacitación y es previsible que dichas causas persistan con el cumplimiento de la mayoría de edad. Así, los legitimados para incoar el procedimiento en estos casos son aquéllos que ejerzan la patria potestad o la tutela.

En cuanto a la legitimación para incoar el procedimiento de incapacitación de los mayores de edad se encuentra en el artículo 757 de la L.E.C. y serán: el propio incapaz, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge o quien se encuentre en una situación asimilable, esto incluye a aquéllos cónyuges que se hayan separado legalmente o de hecho, puesto que todavía se mantiene el vínculo matrimonial. Además, en caso de que las personas mencionadas no existieran o no solicitaren la incapacitación podrá promover la misma el Ministerio Fiscal, que podrá tener conocimiento de la situación en el ejercicio de sus funciones o por manifestación de cualquier persona, ya que cualquiera está legitimada para poner en conocimiento de los hechos que puedan ser determinantes de incapacitación. Asimismo, Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Declarada la incapacitación de una persona se debe determinar el régimen tuitivo a que se debe someter al incapacitado, así como el alcance del mismo, esto es, si podrá llevar a cabo actos por sí mismo, si precisará de la concurrencia de su representante legal o si deberá ser sustituido por el mismo. Las opciones que existen son: la patria potestad, ya sea rehabilitada o prorrogada; la tutela y la curatela. La diferencia entre las tres radica en que si bien las dos primeras proceden cuando el tipo de incapacitación requiera la intervención de un representante legal, en la curatela sólo se necesita un complemento de capacidad.

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (III) CLÁUSULA 360.

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La cláusula conocida como “360” consiste en una fórmula de cálculo de los intereses a pagar aplicada por las diferentes entidades prestamistas, como por ejemplo, las entidades bancarias. La fórmula que utilizan consiste liquidar las operaciones durante lo que se denomina un año comercial formado por 360 días; mientras que los intereses se continúan devengando conforme a un año natural conformado por 365 días, de esta forma siempre se pagan unos intereses mayores de los acordados. Una práctica que, como se entiende fácilmente, debe considerarse abusiva al generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

Esta fórmula se justificaba en su día como un método de simplificar los cálculos; no obstante, hoy en día con los medios existentes no tiene justificación alguna. Teniendo en cuenta nuestros conocimientos sobre la abusividad de las cláusulas no nos cabe duda de que cumple todos los criterios para declarar la misma como tal. Desde el comienzo de las reclamaciones de las cláusulas abusivas han proliferado sentencias pronunciándose a este respecto, y es claro el reconocimiento de dicha abusividad, así la conclusión que la mayoría reflejan viene siendo que <el criterio del año comercial es una cláusula abusiva y, por tanto, nula ex art. 8 LCGC y ex art. 82 TRLGCU, por ser una condición general de la contratación no negociada individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato>.

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (II) INTERESES DE DEMORA.

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Los intereses de demora son aquéllos que se aplican cuando no se ha realizado el pago acordado en el plazo pactado. Al contrario que en el caso de los intereses remuneratorios, cuya finalidad es evitar la pérdida del valor del dinero prestado; nos encontramos que la finalidad de los intereses remuneratorios es indemnizar al acreedor por el incumplimiento, o el cumplimiento tardío, del deudor.

Esta finalidad de indemnización ha conllevado que sea común encontrar que las entidades prestamistas establezcan intereses de demora de entre un 18% y un 25%, un interés desmesurado que hace incrementar notablemente las cantidades que se deben devolver.

En relación a los contratos de préstamo hipotecario, y a efectos de evitar grandes deudas sobre los inmuebles destinados a vivienda habitual, vistos los intereses de demora que se estaban aplicando en los contratos de préstamo hipotecario, se limitó en el año 2013 la cantidad a la que los mismos podían ascender. Así se dispuso en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que << Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago>>.

Que esta limitación se impusiera en el 2013 no implica la obligación de tener que hacer frente a los intereses de demora que sean más elevados, es más, la doctrina del TJUE ha dictaminado que esta limitación no puede constituir un parámetro a la hora de determinar la abusividad de la cláusula de intereses de demora. Según la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo, consideraremos abusiva la cláusula del interés de demora cuando, existiendo una cláusula no negociada en un contrato de préstamo firmado con un consumidor el tipo de interés de demora aplicable suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto al interés moratorio, el fundamento que reflejan las sentencias para optar por este criterio se basa en que << es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta >>.

En caso de que se declare nulo por abusivo el porcentaje establecido en la cláusula de los intereses de demora, debemos conocer qué tipo de interés vamos a aplicar. Si bien el TJUE se había pronunciado a este respecto en el año 2015 declarando que el juez nacional no puede tener la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, ya que dicha modificación podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13; puesto que esta facultad podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales ya que, declarada la nulidad, el contrato podría ser integrado por el juez. No obstante, esta postura no ha conllevado la inexistencia de intereses en caso de declarar abusiva la cláusula de intereses de demora, en agosto del 2018 el TJUE ha avalado la jurisprudencia nacional al entender que la misma no se opone a la Directiva 93/13 y, tal y como recoge, por ejemplo, la sentencia 671/2018 del Tribunal Supremo, << declarada la nulidad de la cláusula que establece el interés de demora, cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar sigue devengando el interés remuneratorio fijado en el contrato.>>

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (I) CONCEPTOS BÁSICOS.

Fragueiro Lago Lia No Comments

Todos hemos oído hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, sin duda, por la repercusión que causó en cuanto a las cláusulas suelo. No obstante, a raíz de la misma, no sólo se popularizó el concepto de la cláusula suelo sino también el de cláusula abusiva y, principalmente, en relación con los consumidores. Y es que la base de la sentencia era, para entendernos, que las cláusulas abusivas no pueden vincular a los consumidores. Por ello, cuando expliquemos en qué consisten las cláusulas abusivas, y el derecho que tenemos a reclamar por haber sido vinculados por las mismas, siempre vamos a partir de la base de que nuestro lector es consumidor.

Pero, ¿qué debemos entender bajo el concepto de consumidor?. Según el artículo 3 de la LGDCU, <son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial >

Una vez que hemos sentado el concepto básico de quién no se verá vinculado por las cláusulas contractuales en caso de que las mismas sean abusivas, el concepto ineludible será ¿qué es una cláusula abusiva?. Para esta definición nos gusta acudir a la Directiva 93/13 del Consejo ya que, además de dar una definición el artículo 3, nos ofrece una lista ejemplificativa en el Anexo.

La definición de cláusula abusiva que nos aporta el derecho comunitario es, se considerarán abusivas las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En pro de la protección del consumidor buscada, << Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión>>.

La lista identificativa de la Directiva, es la siguiente

<<1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

  • a. Excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional;
  • b. Excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último;
  • c. Prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad;
  • d. Permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie;
  • e. Imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta;
  • f. Autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato;
  • g. Autorizar al profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo por motivos graves;
  • h. Prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no prorrogarlo;
  • i. Hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato;
  • j. Autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo;
  • k. Autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos cualesquiera características del producto que ha de suministrar o del servicio por prestar;
  • l. Estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato;
  • m. Conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato;
  • n. Restringir la obligación del profesional de respetar los compromisos asumidos por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades particulares;
  • o. Obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no hubiera cumplido con las suyas;
  • p. Prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si puede engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el consentimiento de éste;
  • q. Suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.

2. Alcance de las letras g, j, y l.

  • a. La letra g se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin previo aviso en caso de razón válida, el contrato de duración indeterminada, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello inmediatamente a las demás partes contratantes.
  • b. La letra j se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se reserve el derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, o el importe de cualesquiera otros gastos relacionados con servicios financieros, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello en el más breve plazo a las demás partes contratantes, y de que éstas tengan la facultad de rescindir inmediatamente el contrato. La letra j se entiende sin perjuicio también de las cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho a modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada siempre que el profesional esté en la obligación de informar al consumidor con una antelación razonable, y de que éste tenga la facultad de rescindir el contrato.
  • c. Las letras g, j y l no se aplicarán a:
    • o Las transacciones relativas a títulos-valores, instrumentos financieros y otros productos o servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de una cotización o de un índice bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el profesional no controle;
    • o Los contratos de compra o de venta de divisas, de cheques de viaje o de giros postales internacionales expresados en divisas.
  • d. La letra 1 se entiende sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio.

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Lía