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Novedades respecto de los alquileres de vivienda

Fragueiro Lago Lia No Comments

Con el Real Decreto 7/2019 se han implantado nuevas modificaciones en el régimen de alquiler de la vivienda que entraron en vigor el pasado día 6 de marzo. Recogemos lo que consideramos como novedades más importantes si afán de hacer un estudio pormenorizado de la nueva situación ya que no olvidamos que este es el tercer cambio en los últimos tres meses.

Respecto a la subida de la renta: se establece como límite al incremento de la renta pactada la subida del IPC. Hasta ahora esta subida se regía por la libertad de pacto existente entre las partes.

Respecto a la fianza: se establece como limitación a la misma el pago de un máximo de dos mensualidades.

Respecto a la duración del contrato: si bien la duración del mismo es la libremente estipulada por las partes, se fijan las prórrogas tácitas hasta un mínimo de cinco años, que se amplían a siete para aquéllos casos en los que el arrendador sea una persona jurídica.

Bonificaciones fiscales: se elimina la obligación de que el inquilino pague el IBI en la vivienda pública, y ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de dar una bonificación de hasta el 95% de la cuota para las viviendas de renta reducida. Además, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.

Índice de referencia de precios: se trata de un compromiso que ha adquirido el Gobierno de preparar una herramienta específica para el sector con la finalidad de obtener un mayor conocimiento del mercado y servir de soporte de posibles medidas de política fiscal.

Desahucio: se fijan dos modificaciones del procedimiento a seguir. La primera es la obligación del juez de fijar día y hora exactos para el lanzamiento, y la segunda, la introducción de un trámite de comunicación a los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, esta situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona jurídica.

Pisos turísticos: se permitirá a las Comunidades de Propietarios limitar por  mayoría cualificada el ejercicio de la actividad de los mismos, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

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AMPLIACIÓN PERMISO DE PATERNIDAD

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Hoy comentamos una noticia de gran calado social, si bien hace unos días que la conocimos, no podemos dejar de festejar la misma; ya que supone un avance de cara a la igualdad y es que se ha aprobado un decreto por el que se pone en marcha un auténtico proceso para equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad.

Gracias a dicho Decreto, el permiso de paternidad aumentará hasta las 8 semanas, 3 más de las actuales; además, de forma progresiva, estas semanas irán en aumento, en 2020 serán 12 y en 2021 serán 16. Como podemos observar, una equiparación total respecto al tiempo de disfrute de la madre, con el objetivo de evitar la discriminación evidente actualmente existente. Si bien se preveía que hoy, con motivo del día de la mujer entrase en vigor el Gobierno ha demorado la entrada en vigor, únicamente de este extremo, hasta el 1 de abril, para permitir la adaptación a las empresas y a la Seguridad Social.

Con esta implementación vendrán más cambios, para los padres serán obligatorias las dos semanas posteriores al parto, para favorecer la corresponsabilidad; se convertirán en cuatro en 2020 y en seis en 2021. Las 10 semanas restantes podrán ser distribuidas hasta que el recién nacido cumpla el primer año y en ningún caso podrán cederse.

A mayores, en este mismo Decreto, se prevé la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de elaborar e implantar en un plazo de tres años planes de igualdad, hasta ahora sólo era obligatorio para aquéllas empresas con más de 250 trabajadores.

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LA INCAPACITACIÓN

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La incapacitación de una persona conlleva privar al mayor de edad de la capacidad que, por regla general, otorga el artículo 322 del C.C. Por ello, esta incapacitación tiene como requisito sine qua non la existencia de una resolución judicial al respecto, concretamente por imperativo del artículo 199 del Código Civil.

Las causas que pueden conllevar la declaración de incapacitación se encuentran en el artículo del Código civil, que reza <Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma>. Con la lectura del mismo podemos diferenciar dos elementos; el primero, la existencia de una enfermedad o deficiencia, ya sea física o psíquica, con carácter persistente. Y el segundo, que impidan el autogobierno debido a la enfermedad.

Si bien los capaces son los mayores de edad, se puede recurrir a este procedimiento cuando en un menor concurren las causas de incapacitación y es previsible que dichas causas persistan con el cumplimiento de la mayoría de edad. Así, los legitimados para incoar el procedimiento en estos casos son aquéllos que ejerzan la patria potestad o la tutela.

En cuanto a la legitimación para incoar el procedimiento de incapacitación de los mayores de edad se encuentra en el artículo 757 de la L.E.C. y serán: el propio incapaz, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge o quien se encuentre en una situación asimilable, esto incluye a aquéllos cónyuges que se hayan separado legalmente o de hecho, puesto que todavía se mantiene el vínculo matrimonial. Además, en caso de que las personas mencionadas no existieran o no solicitaren la incapacitación podrá promover la misma el Ministerio Fiscal, que podrá tener conocimiento de la situación en el ejercicio de sus funciones o por manifestación de cualquier persona, ya que cualquiera está legitimada para poner en conocimiento de los hechos que puedan ser determinantes de incapacitación. Asimismo, Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Declarada la incapacitación de una persona se debe determinar el régimen tuitivo a que se debe someter al incapacitado, así como el alcance del mismo, esto es, si podrá llevar a cabo actos por sí mismo, si precisará de la concurrencia de su representante legal o si deberá ser sustituido por el mismo. Las opciones que existen son: la patria potestad, ya sea rehabilitada o prorrogada; la tutela y la curatela. La diferencia entre las tres radica en que si bien las dos primeras proceden cuando el tipo de incapacitación requiera la intervención de un representante legal, en la curatela sólo se necesita un complemento de capacidad.

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (III) CLÁUSULA 360.

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La cláusula conocida como “360” consiste en una fórmula de cálculo de los intereses a pagar aplicada por las diferentes entidades prestamistas, como por ejemplo, las entidades bancarias. La fórmula que utilizan consiste liquidar las operaciones durante lo que se denomina un año comercial formado por 360 días; mientras que los intereses se continúan devengando conforme a un año natural conformado por 365 días, de esta forma siempre se pagan unos intereses mayores de los acordados. Una práctica que, como se entiende fácilmente, debe considerarse abusiva al generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

Esta fórmula se justificaba en su día como un método de simplificar los cálculos; no obstante, hoy en día con los medios existentes no tiene justificación alguna. Teniendo en cuenta nuestros conocimientos sobre la abusividad de las cláusulas no nos cabe duda de que cumple todos los criterios para declarar la misma como tal. Desde el comienzo de las reclamaciones de las cláusulas abusivas han proliferado sentencias pronunciándose a este respecto, y es claro el reconocimiento de dicha abusividad, así la conclusión que la mayoría reflejan viene siendo que <el criterio del año comercial es una cláusula abusiva y, por tanto, nula ex art. 8 LCGC y ex art. 82 TRLGCU, por ser una condición general de la contratación no negociada individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato>.

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (II) INTERESES DE DEMORA.

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Los intereses de demora son aquéllos que se aplican cuando no se ha realizado el pago acordado en el plazo pactado. Al contrario que en el caso de los intereses remuneratorios, cuya finalidad es evitar la pérdida del valor del dinero prestado; nos encontramos que la finalidad de los intereses remuneratorios es indemnizar al acreedor por el incumplimiento, o el cumplimiento tardío, del deudor.

Esta finalidad de indemnización ha conllevado que sea común encontrar que las entidades prestamistas establezcan intereses de demora de entre un 18% y un 25%, un interés desmesurado que hace incrementar notablemente las cantidades que se deben devolver.

En relación a los contratos de préstamo hipotecario, y a efectos de evitar grandes deudas sobre los inmuebles destinados a vivienda habitual, vistos los intereses de demora que se estaban aplicando en los contratos de préstamo hipotecario, se limitó en el año 2013 la cantidad a la que los mismos podían ascender. Así se dispuso en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que << Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago>>.

Que esta limitación se impusiera en el 2013 no implica la obligación de tener que hacer frente a los intereses de demora que sean más elevados, es más, la doctrina del TJUE ha dictaminado que esta limitación no puede constituir un parámetro a la hora de determinar la abusividad de la cláusula de intereses de demora. Según la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo, consideraremos abusiva la cláusula del interés de demora cuando, existiendo una cláusula no negociada en un contrato de préstamo firmado con un consumidor el tipo de interés de demora aplicable suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto al interés moratorio, el fundamento que reflejan las sentencias para optar por este criterio se basa en que << es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta >>.

En caso de que se declare nulo por abusivo el porcentaje establecido en la cláusula de los intereses de demora, debemos conocer qué tipo de interés vamos a aplicar. Si bien el TJUE se había pronunciado a este respecto en el año 2015 declarando que el juez nacional no puede tener la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, ya que dicha modificación podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13; puesto que esta facultad podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales ya que, declarada la nulidad, el contrato podría ser integrado por el juez. No obstante, esta postura no ha conllevado la inexistencia de intereses en caso de declarar abusiva la cláusula de intereses de demora, en agosto del 2018 el TJUE ha avalado la jurisprudencia nacional al entender que la misma no se opone a la Directiva 93/13 y, tal y como recoge, por ejemplo, la sentencia 671/2018 del Tribunal Supremo, << declarada la nulidad de la cláusula que establece el interés de demora, cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar sigue devengando el interés remuneratorio fijado en el contrato.>>

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CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES (I) CONCEPTOS BÁSICOS.

Fragueiro Lago Lia No Comments

Todos hemos oído hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, sin duda, por la repercusión que causó en cuanto a las cláusulas suelo. No obstante, a raíz de la misma, no sólo se popularizó el concepto de la cláusula suelo sino también el de cláusula abusiva y, principalmente, en relación con los consumidores. Y es que la base de la sentencia era, para entendernos, que las cláusulas abusivas no pueden vincular a los consumidores. Por ello, cuando expliquemos en qué consisten las cláusulas abusivas, y el derecho que tenemos a reclamar por haber sido vinculados por las mismas, siempre vamos a partir de la base de que nuestro lector es consumidor.

Pero, ¿qué debemos entender bajo el concepto de consumidor?. Según el artículo 3 de la LGDCU, <son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial >

Una vez que hemos sentado el concepto básico de quién no se verá vinculado por las cláusulas contractuales en caso de que las mismas sean abusivas, el concepto ineludible será ¿qué es una cláusula abusiva?. Para esta definición nos gusta acudir a la Directiva 93/13 del Consejo ya que, además de dar una definición el artículo 3, nos ofrece una lista ejemplificativa en el Anexo.

La definición de cláusula abusiva que nos aporta el derecho comunitario es, se considerarán abusivas las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En pro de la protección del consumidor buscada, << Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión>>.

La lista identificativa de la Directiva, es la siguiente

<<1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

  • a. Excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional;
  • b. Excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último;
  • c. Prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad;
  • d. Permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie;
  • e. Imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta;
  • f. Autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la misma facultad, o permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato;
  • g. Autorizar al profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo por motivos graves;
  • h. Prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no prorrogarlo;
  • i. Hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato;
  • j. Autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo;
  • k. Autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos cualesquiera características del producto que ha de suministrar o del servicio por prestar;
  • l. Estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato;
  • m. Conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato;
  • n. Restringir la obligación del profesional de respetar los compromisos asumidos por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades particulares;
  • o. Obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no hubiera cumplido con las suyas;
  • p. Prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si puede engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el consentimiento de éste;
  • q. Suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante.

2. Alcance de las letras g, j, y l.

  • a. La letra g se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin previo aviso en caso de razón válida, el contrato de duración indeterminada, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello inmediatamente a las demás partes contratantes.
  • b. La letra j se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se reserve el derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, o el importe de cualesquiera otros gastos relacionados con servicios financieros, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello en el más breve plazo a las demás partes contratantes, y de que éstas tengan la facultad de rescindir inmediatamente el contrato. La letra j se entiende sin perjuicio también de las cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho a modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada siempre que el profesional esté en la obligación de informar al consumidor con una antelación razonable, y de que éste tenga la facultad de rescindir el contrato.
  • c. Las letras g, j y l no se aplicarán a:
    • o Las transacciones relativas a títulos-valores, instrumentos financieros y otros productos o servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de una cotización o de un índice bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el profesional no controle;
    • o Los contratos de compra o de venta de divisas, de cheques de viaje o de giros postales internacionales expresados en divisas.
  • d. La letra 1 se entiende sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio.

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LA PENSIÓN COMPENSATORIA

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La pensión compensatoria es un derecho reconocido en el artículo 97 del Código Civil para que, en caso de separación o divorcio, el cónyuge sobre el que se produzca un desequilibrio económico pueda obtener una compensación.

Como se desprende del propio concepto es un presupuesto básico para el reconocimiento de dicha pensión la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio (y no una situación de necesidad, por lo que compatible su percepción incluso en caso de contar con medios económicos para subsistir), siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, como además, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal.

Partiendo de que la Ley no establece de modo imperativo la duración de esta pensión, la fijación de la misma dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser. Y es que debe valorarse que el criterio del Tribunal Supremo es contrario a la posibilidad de poner fin a la pensión reconocida por el mero transcurso del tiempo.

Al igual que hemos comentado con la pensión de alimentos, nada obsta a que en caso de ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias se pueda modificar la cuantía de la misma, incluso cuando la misma se ha establecido con un límite temporal siempre es posible, en caso de concurrir las circunstancias de los artículos 100 y 101 del C.C. Estas son: alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, cese de la causa que lo motivó, nuevo matrimonio o situación equivalente de convivencia del preceptor. Por tanto, como podemos observar, nunca será relevante el dato del paso del tiempo, a pesar de su objetividad; sino una situación de superación del desequilibrio que justificó la concesión del derecho.

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LA PENSIÓN DE ALIMENTOS (IV): EXTINCIÓN

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A medida que los menores van creciendo y terminan sus estudios o se incorporan al mercado laboral, al obligado a prestar alimentos le puede parecer que ya no tiene deber de seguir pagando la pensión; esto no es así y, como consejo profesional, nunca oiréis a un abogado decir que deje de pagar esta pensión sin más. Se debe interponer una acción de modificación de medidas, recordemos que en caso contrario se estaría incumpliendo una obligación impuesta que puede conllevar consecuencias penales.

En caso de impago, el artículo 227 del Código Penal establece << 1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.ª La de pagar pensiones alimenticias.será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.>>, por lo que si no nos queremos ver en esta tesitura; o incluso en la de que nos reclamen 5 años de impago, situación que se puede dar conforme al artículo 1966 del Código Civil <Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.ª La de pagar pensiones alimenticias.>; lo mejor será interponer esta acción y no correr riesgos.

Si bien hay que estar a las concretas circunstancias del caso para asegurar la viabilidad de esta acción existen una serie puntualizaciones que, si se cumplen, pueden ayudarnos a valorar la posibilidad de interponer la demanda de modificación.

Lo primero es definir el concepto de hijo económicamente dependiente, según el CGPJ, <Son hijos dependientes económicamente: – todos los menores de 16 años si al menos uno de los padres es miembro del hogar, – los que tienen 16 y más años pero menos de 25 y son económicamente inactivos, de nuevo si al menos uno de los padres es miembro del hogar. Es decir, se define como hijo dependiente a aquél que precisa económicamente de un apoyo bien por razones de edad, bien por razones laborales>.

Significa esto que si mi hijo tiene más de 25 años o trabajo, seguro que mi pretensión se estimará, pues no, no es tan sencillo; el estudio de la jurisprudencia en este caso manifiesta que, además de la importancia del juez que nos toque, es necesario valorar si todavía continua su proceso de formación o, en su caso, la calidad del trabajo que desempeñe, no se pueden valorar las circunstancias ajenos al panorama actual de precariedad laboral donde priman los contratos de carácter temporal (73,3% en los menores de 25 años). Eso sí en los que los alimentistas tengan empleo no debemos desanimarnos ya que el artículo 152 del C.C. establece como causa de cese de la obligación de prestar alimentos que <el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia>.

“Entonces si mi hijo no hace nada, ¿tengo que pasarle la pensión sólo por ser menor de 25 años?”. Tampoco es el caso, conforme al artículo 152 del Código civil <Cesará también la obligación de dar alimentos: 5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa>. Esta falta de aplicación en el trabajo es la que se aplica, por analogía, tanto a los alimentistas que no estudian como a los que no se aplican en los estudios, siempre valorando las situaciones personales de cada caso.

Y qué ocurre si no tengo dinero, si bien hay que acreditar este extremo suficientemente, también se prevé en el artículo 152 el cese de la obligación <cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia>.

Por último, en casos extremos, cesa la obligación de prestar alimentos cuando el alimentista <hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación> ( artículo 152.4 C.C.).

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LA PENSIÓN DE ALIMENTOS (III): MODIFICACIÓN.

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Una vez establecida mediante sentencia la pensión de alimentos, no significa que esta cantidad tenga que mantenerse inamovible hasta la extinción de la misma, ya que, como hemos visto, la cuantía será proporcionada a los medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, por lo que <se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos> (artículo 147 del C.C.).

Por ello, se ha establecido en el artículo 775 de la LEC que se podrá solicitar, del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las mismas “siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas”. Siendo requisito indispensable la variación sustancial, se han perfilado por la jurisprudencia, para una mayor concreción del concepto, los extremos que se deben considerar en el momento de interponer esta acción, que son:

  • a) Que se haya producido, con posterioridad a dictarse la resolución judicial que la sancionó, un cambio en la situación fáctica que determinó la medida que se intenta modificar
  • b) Que dicha modificación o alteración, sea sustancial, esto es que afecte al núcleo de la medida, y no a circunstancias meramente accesorias o periféricas. Que haga suponer que de haber existido al momento del divorcio se habrían adoptado medidas distintas
  • c) Que tal cambio sea estable o duradero, con carácter de permanencia, y no meramente ocasional o coyuntural, o esporádica
  • d) Que la repetida alteración sea imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad de quien entabla la acción de modificación, por lo que no puede ser buscado de propósito, por quien interesa la modificación para obtener unas medidas que le resulten más beneficiosas.

Debe tenerse en cuenta que la modificación prevista será para pedir reducciones o aumentos de la cuantía actualmente establecida y, en caso de querer extinguir la obligación, les recomendamos el post específico a la extinción.

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LA PENSIÓN DE ALIMENTOS (II): CUANTÍA

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La cuestión central de debate a la hora de establecer la pensión de alimentos acostumbra a ser la cuantía. No obstante, no se puede cifrar exactamente la cuantía que va a tener que pagar cada persona, puesto que influyen diversos factores en la misma: los ingresos, el gasto medio, etc. La finalidad del análisis del conjunto de estos factores radica en cumplir con la imposición del artículo 146 del Código Civil que establece, <La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe>.

Sin embargo, tras el hincapié en la necesidad de que existan unos criterios orientadores, que han realizado tanto Jueces como Magistrados, por considerar los mismos no sólo de utilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional sino también por el hecho de que aumenta la seguridad jurídica y facilita los acuerdos y soluciones autocompositivas en este tipo de proceso judicial, el C.G.P.J. ha desarrollado unas tablas de carácter orientador. No podemos olvidar que, conforme al artículo 93 del Código Civil, debe ser el Juez quien determine esta contribución, adoptando las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y a las necesidades de los hijos en cada momento.

Para los más curiosos, aquí tenéis el enlace  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-pensiones-alimenticias/Tablas-orientadoras-para-determinar-las-pensiones-alimenticias-de-los-hijos-en-los-procesos-de-familia-elaboradas-por-el-CGPJ

A la hora de utilizarlas no olvidéis:

1º) Los ingresos netos se calculan en 12 mensualidades, es decir, pagas extra ya prorrateadas.

2º) No se descontarán retenciones de sueldo ni anticipos, ni tampoco las cargas (hipoteca o alquiler) que se atiendan con dicho salario dado el carácter preferente de los hijos menores.

3º) Al no estar incluidos los gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, IBI), deben incrementarse las cantidades con estos conceptos en función de su importe y criterios de reparto.

4º) También se han visto excluidos de las tablas los gastos en educación por lo que, como en el supuesto precedente deben incrementarse en función de su importe y criterios de reparto. No olvidéis que como ya hemos expuesto en el post La pensión de alimentos (I): Concepto, todos los gastos de educación están incluidos en el concepto de alimentos (material escolar, libros, matriculas).

5º) Las tablas parten de que no existen hijos con necesidades especiales derivadas de minusvalías, enfermedades u otras circunstancias, variable que debería tenerse en cuenta en caso de existir.

6º) Se deben aplicar índices correctores según la Comunidad Autónoma y el tamaño del municipio.

7º) No contemplan ingresos del obligado al pago de la pensión por debajo de los 700 euros, al considerar que los tramos de rentas inferiores a dicha cuantía deben fijarse por la denominada pensión mínima o de subsistencia que varía jurisprudencialmente según las distintas zonas geográficas y poblaciones.

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