Ahora vamos a tratar las consecuencias que se dan tras haber obtenido una sentencia por la que se modifica la capacidad legal de una persona, que en este caso será el incapaz.

Lo primero a lo que debemos atender es a la sentencia obtenida en el procedimiento de incapacitación instado, la misma recogerá la extensión y los límites de la capacidad, así como el régimen de guarda o tutela al que va a quedar sometido el incapacitado (art. 210 C.C.), esta especialidad se debe a que el régimen al que se verá sometido se establecerá en virtud de la aptitud que cada persona conserve para gobernarse por sí misma; lo que manifiesta la relación directa entre la aptitud personal y la restricción o limitación que se impondrá en la sentencia de la capacidad de obrar.

En el caso de someter al incapaz al régimen de tutela el incapaz será administrado y representado por el tutor. La administración que el tutor ejerza debe atenderse con la misma diligencia que llevaría a cabo un buen padre de familia, lo que no constituye una plena liberalidad del tutor respecto a la administración del patrimonio del administrado; sino que el tutor necesitará autorización judicial para (art. 271 C.C.): 1º Internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial; 2º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones; 3º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado; 4º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades; 5º Hacer gastos extraordinarios en los bienes; 6º Entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía; 7º Ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años; 8º Dar y tomar dinero a préstamo; 9º Disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado; 10º Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

En el caso de la curatela no hay una sustitución del incapaz por quien sea designado curador, sino una complementación para determinados actos que la sentencia debe determinar, en caso de no verse recogidos, éstos serán todos aquéllos en los que se considera que el tutor precisa de autorización judicial (art. 290 C.C.).

Los actos realizados por el incapaz sin la intervención de su representante legal o sin la necesaria asistencia del curador, estarán afectados de una nulidad relativa, podrán ser impugnados por el representante o curador, o por el propio incapaz, en caso de reintegración de la capacidad, durante un plazo de cuatro años. En el caso de que sea declarada su nulidad, el incapaz deberá devolver aquello en lo que se enriqueció con la cosa o el precio; la otra parte contratante deberá entregar la cosa con sus frutos o el precio con sus intereses.

La incapacitación produce sus efectos desde que la sentencia, que se extiende incluso frente a terceros que no han litigado, siempre que se inscriba en el Registro Civil. A efectos preventivos, es posible la inscripción de la demanda en el Registro Civil.

 Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *