La incapacitación de una persona conlleva privar al mayor de edad de la capacidad que, por regla general, otorga el artículo 322 del C.C. Por ello, esta incapacitación tiene como requisito sine qua non la existencia de una resolución judicial al respecto, concretamente por imperativo del artículo 199 del Código Civil.

Las causas que pueden conllevar la declaración de incapacitación se encuentran en el artículo del Código civil, que reza <Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma>. Con la lectura del mismo podemos diferenciar dos elementos; el primero, la existencia de una enfermedad o deficiencia, ya sea física o psíquica, con carácter persistente. Y el segundo, que impidan el autogobierno debido a la enfermedad.

Si bien los capaces son los mayores de edad, se puede recurrir a este procedimiento cuando en un menor concurren las causas de incapacitación y es previsible que dichas causas persistan con el cumplimiento de la mayoría de edad. Así, los legitimados para incoar el procedimiento en estos casos son aquéllos que ejerzan la patria potestad o la tutela.

En cuanto a la legitimación para incoar el procedimiento de incapacitación de los mayores de edad se encuentra en el artículo 757 de la L.E.C. y serán: el propio incapaz, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge o quien se encuentre en una situación asimilable, esto incluye a aquéllos cónyuges que se hayan separado legalmente o de hecho, puesto que todavía se mantiene el vínculo matrimonial. Además, en caso de que las personas mencionadas no existieran o no solicitaren la incapacitación podrá promover la misma el Ministerio Fiscal, que podrá tener conocimiento de la situación en el ejercicio de sus funciones o por manifestación de cualquier persona, ya que cualquiera está legitimada para poner en conocimiento de los hechos que puedan ser determinantes de incapacitación. Asimismo, Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Declarada la incapacitación de una persona se debe determinar el régimen tuitivo a que se debe someter al incapacitado, así como el alcance del mismo, esto es, si podrá llevar a cabo actos por sí mismo, si precisará de la concurrencia de su representante legal o si deberá ser sustituido por el mismo. Las opciones que existen son: la patria potestad, ya sea rehabilitada o prorrogada; la tutela y la curatela. La diferencia entre las tres radica en que si bien las dos primeras proceden cuando el tipo de incapacitación requiera la intervención de un representante legal, en la curatela sólo se necesita un complemento de capacidad.

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