La pensión compensatoria es un derecho reconocido en el artículo 97 del Código Civil para que, en caso de separación o divorcio, el cónyuge sobre el que se produzca un desequilibrio económico pueda obtener una compensación.

Como se desprende del propio concepto es un presupuesto básico para el reconocimiento de dicha pensión la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio (y no una situación de necesidad, por lo que compatible su percepción incluso en caso de contar con medios económicos para subsistir), siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, como además, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal.

Partiendo de que la Ley no establece de modo imperativo la duración de esta pensión, la fijación de la misma dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser. Y es que debe valorarse que el criterio del Tribunal Supremo es contrario a la posibilidad de poner fin a la pensión reconocida por el mero transcurso del tiempo.

Al igual que hemos comentado con la pensión de alimentos, nada obsta a que en caso de ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias se pueda modificar la cuantía de la misma, incluso cuando la misma se ha establecido con un límite temporal siempre es posible, en caso de concurrir las circunstancias de los artículos 100 y 101 del C.C. Estas son: alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, cese de la causa que lo motivó, nuevo matrimonio o situación equivalente de convivencia del preceptor. Por tanto, como podemos observar, nunca será relevante el dato del paso del tiempo, a pesar de su objetividad; sino una situación de superación del desequilibrio que justificó la concesión del derecho.

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