Con el Real Decreto 7/2019 se han implantado nuevas modificaciones en el régimen de alquiler de la vivienda que entraron en vigor el pasado día 6 de marzo. Recogemos lo que consideramos como novedades más importantes si afán de hacer un estudio pormenorizado de la nueva situación ya que no olvidamos que este es el tercer cambio en los últimos tres meses.

Respecto a la subida de la renta: se establece como límite al incremento de la renta pactada la subida del IPC. Hasta ahora esta subida se regía por la libertad de pacto existente entre las partes.

Respecto a la fianza: se establece como limitación a la misma el pago de un máximo de dos mensualidades.

Respecto a la duración del contrato: si bien la duración del mismo es la libremente estipulada por las partes, se fijan las prórrogas tácitas hasta un mínimo de cinco años, que se amplían a siete para aquéllos casos en los que el arrendador sea una persona jurídica.

Bonificaciones fiscales: se elimina la obligación de que el inquilino pague el IBI en la vivienda pública, y ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de dar una bonificación de hasta el 95% de la cuota para las viviendas de renta reducida. Además, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.

Índice de referencia de precios: se trata de un compromiso que ha adquirido el Gobierno de preparar una herramienta específica para el sector con la finalidad de obtener un mayor conocimiento del mercado y servir de soporte de posibles medidas de política fiscal.

Desahucio: se fijan dos modificaciones del procedimiento a seguir. La primera es la obligación del juez de fijar día y hora exactos para el lanzamiento, y la segunda, la introducción de un trámite de comunicación a los servicios sociales y, cuando afecte a hogares vulnerables, esta situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante sea persona jurídica.

Pisos turísticos: se permitirá a las Comunidades de Propietarios limitar por  mayoría cualificada el ejercicio de la actividad de los mismos, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda, en el marco de la normativa sectorial que regule el ejercicio de esta actividad y del régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

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